La jueza de Metán Carolina Poma Salvadores condenó a un hombre de 47 años por ser autor del delito de incumplimiento a los deberes de asistencia familiar, y le impuso la pena de tres meses de prisión de ejecución condicional.
Como parte de las reglas de conducta que deberá seguir estrictamente durante los próximos dos años para no perder su libertad, el condenado debe pagar una cuota alimentaria provisoria equivalente a un salario mínimo vital y móvil actual, suma que deberá ser depositada mensualmente en una cuenta judicial bajo el control de la oficina correspondiente.
Finalmente, el fallo destaca que el deber de los padres de proveer alimentos, vestimenta y salud a sus hijos es una obligación legal que no se extingue aunque el otro progenitor pueda cubrir las necesidades básicas, subrayando que la omisión de estos deberes pone en peligro la seguridad económica del núcleo familiar.
El hombre y su expareja habían convivido durante veintiún años y formaron una familia. La relación comenzó a fracturarse definitivamente hace aproximadamente cinco años, momento en el que, a pesar de estar separados de hecho, ambos continuaban compartiendo la misma vivienda bajo condiciones precarias de convivencia.
Sin embargo, el conflicto más persistente fue la desatención total de las necesidades básicas del hijo menor de la pareja, quien actualmente tiene 12 años. La madre contó que desde abril de 2021, tras una mediación donde se había acordado el pago de una cuota alimentaria pero el hombre interrumpió cualquier tipo de aporte económico. Esta ausencia de apoyo llegó a puntos críticos, como cuando el niño debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y el padre no solo no colaboró con los gastos médicos, sino que ni siquiera se hizo presente para acompañar al menor, obligando a otros familiares de la mujer a costear la clínica.
Durante el juicio, se supo que el acusado llegó incluso a negar su paternidad, lo que obligó a realizar una prueba de ADN que finalmente arrojó un resultado positivo, confirmando el vínculo biológico. A pesar de tener capacidad laboral, el hombre intentó justificar su falta de pago alegando que no tenía un trabajo estable o que la madre se negaba a recibir el dinero, argumentos que no lograron deslindar su responsabilidad legal como garante del bienestar de su hijo.
