La Universidad Nacional de Salta intervino en la elaboración de un protocolo, homologado por la Justicia, destinado a fortalecer el ejercicio del derecho a la educación superior en las unidades penitenciarias de Salta.
La Universidad Nacional de Salta (UNSa) reafirmó su compromiso con la educación en los penales. La institución respaldó la aprobación de un acuerdo judicial histórico.
Este logro responde a un reclamo de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas. La entidad buscaba eliminar las trabas que sufrían los presos para cursar sus estudios superiores.
Aprobación del acuerdo y trabajo en la Justicia
La jueza María Victoria Mosmann aprobó el convenio en el Juzgado de Minas. Varias autoridades de la UNSa participaron activamente en las audiencias y en las inspecciones a las cárceles.
El secretario jurídico Daniel Mansilla Muñoz y el secretario académico Néstor Romero lideraron la propuesta de la universidad. Además, la vicedecana Marcela Álvarez y la secretaria académica Silvia Castillo aportaron su gestión en el proceso.
Claves del nuevo protocolo universitario
Las partes elaboraron un protocolo especial para organizar y regular la enseñanza universitaria dentro de los penales.
El documento garantiza el derecho a estudiar con igualdad y sin discriminación. También busca facilitar la reinserción social de los alumnos y proteger sus derechos fundamentales.
Asimismo, la norma prohíbe cualquier traba injustificada contra las clases y tareas académicas.
Comisión de seguimiento y formación del personal
El acuerdo crea una Comisión de Seguimiento Universitario. Este grupo reunirá a representantes de la universidad y a estudiantes privados de la libertad de pabellones masculinos y femeninos.
Además, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura supervisará el cumplimiento de las medidas.
Por último, el plan incluye capacitaciones en derechos humanos e inclusión para el personal del Servicio Penitenciario Provincial.
