Un diputado provincial, médicos, ex autoridades hospitalarias, empleados municipales y un ex jefe de la ANSeS quedaron acusados de integrar una presunta red que falsificaba documentación para obtener pensiones por discapacidad.
La Justicia Federal de Salta investiga a 15 personas por fraude en el trámite de pensiones por discapacidad. La organización operaba en el departamento Anta.
La Fiscalía calcula un daño económico de 3.280 millones de pesos mensuales para el Estado. El juez federal Diego Anzorreguy encabeza las actuaciones del caso.
El fiscal general Carlos Amad describió una red organizada. El grupo coordinaba las tareas de médicos, empleados públicos, gestores y políticos.
La red falsificaba certificados médicos, historias clínicas y estudios de laboratorio. De esta forma, personas sanas lograban cobrar el beneficio. La organización cobraba entre 20.000 y un millón de pesos por cada trámite.
La investigación abarca casi 40.000 pensiones en todo el país. En Salta las autoridades observan 9.000 casos, de los cuales 4.305 corresponden a Anta.
La acusación contra el diputado Orellana
Entre los imputados se encuentra el diputado provincial Gerardo Francisco Orellana, ex intendente de la zona.
La Fiscalía acusa a Orellana de firmar documentación para beneficiarios que no cumplían las condiciones legales. Además, la Justicia investiga si usó el esquema para captar votos en barrios vulnerables.
El legislador enfrenta cargos por fraude a la administración pública, falsedad ideológica, asociación ilícita y abuso de autoridad.
En este circuito, la empleada municipal María Romano captaba interesados en El Quebrachal. Ella recibía la documentación, cobraba el dinero y gestionaba el expediente.
El rol de los médicos y profesionales de la salud
Varios profesionales del Hospital de El Quebrachal emitían documentación falsa. Los médicos Roberto Morales y César Blanco vendían certificados apócrifos.
Blanco aconsejaba a los solicitantes cómo responder ante las auditorías. El profesional cobraba hasta un millón de pesos a las personas sin patologías.
El bioquímico Luciano Esteban modificaba análisis de laboratorio. De esta manera, simulaba diagnósticos de Chagas o diabetes.
Los médicos Diego Ocampo y Luis Verón firmaban renovaciones sin evaluar a los pacientes. La causa también imputó a José Muñoz Torres, José Brisuela y al ex directivo hospitalario Oscar Luna.
Sellos falsos y claves de la ANSES
Hugo Massa, empleado municipal y dueño de una fotocopiadora, utilizaba sellos y membretes hospitalarios para confeccionar certificados falsos.
Por su parte, Edmundo Salazar, exjefe de la ANSES en El Quebrachal, entregaba sus claves del sistema. De este modo, personas no autorizadas cargaban los trámites en la base de datos oficial.
Finalmente, los empleados municipales Manuel Córdoba y Luis Casares procesaban la documentación sin aplicar controles. La nómina de imputados se completa con Humberto Brisuela Mendoza y Francisco Orellana.
