En una jornada parlamentaria de altísima tensión y desenlace inesperado, la Cámara de Diputados aprobó por un margen ajustadísimo de 124 a 119 votos el proyecto sobre «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que agiliza los desalojos y restringe las expropiaciones estatales. Sin embargo, la gran sorpresa de la sesión la dio el contundente respaldo de 239 votos a favor para restituir la histórica Ley de Tierras Rurales, reinstaurando así los estrictos límites del 30% a la extranjerización y el tope de mil hectáreas en zonas clave. Tras un giro estratégico del oficialismo para evitar el colapso total del DNU 70/23 y con abstenciones clave que terminaron salvando la ley, el texto vuelve ahora al Senado, abriendo un capítulo decisivo en la puja por los bienes inmuebles y el control territorial del país.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró al Senado el proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa avanzó en la Cámara baja gracias a abstenciones clave de varios legisladores. Sorpresivamente, la iniciativa incluyó también la restitución de la Ley de Tierras Rurales.
El capítulo que restituye la ley de tierras obtuvo 239 votos favorables frente a cuatro en contra y seis abstenciones. La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR y bloques provinciales apoyaron este punto. Solo cuatro diputados rechazaron la medida, entre ellos el salteño Pablo Outes.
La aprobación general del proyecto resultó sumamente ajustada. La propuesta obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Cinco legisladores cordobeses y el diputado Álvaro González optaron por no abstenerse en el recinto. Sin esas abstenciones, el Congreso habría rechazado la iniciativa oficialista.
El texto aprobado modifica la normativa actual sobre desalojos para agilizar la restitución de inmuebles usurpados. Asimismo, la norma limita la capacidad del Estado para declarar la utilidad pública de propiedades particulares. Ahora, el Senado deberá analizar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
Límites a la extranjerización de campos
La restitución de la ley territorial fija un tope del 30% a la extranjerización de tierras rurales. El límite rige para los niveles nacional, provincial y departamental. Además, la norma mantiene el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en zonas núcleo del país.
La restricción abarca también terrenos cercanos a espejos de agua y fronteras nacionales. El Gobierno impulsó este cambio para resguardar la validez general del DNU 70/23 en el Congreso. Con este avance, la Cámara de Senadores definirá el futuro de la regulación inmobiliaria rural.
