El juez federal Martín Cormick consideró que la medida cautelar vigente todavía no fue acatada en su totalidad. Si persiste la demora, podrá aplicar multas económicas diarias al Estado nacional.
El conflicto entre las universidades públicas y el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 fijó un plazo perentorio para que el Gobierno cumpla con una medida cautelar vigente. El juez Martín Cormick advirtió que el Estado no completó las obligaciones exigidas y otorgó un margen de cinco días hábiles.
La resolución establece que, ante una nueva demora, la administración nacional sufrirá sanciones económicas. El magistrado aplicará multas diarias y progresivas, conocidas como astreintes, para presionar el acatamiento de la orden. La medida busca garantizar la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.
El reclamo por los salarios y las becas
La discusión judicial gira principalmente en torno a dos artículos clave de la normativa. El artículo 5 regula los mecanismos obligatorios para actualizar los sueldos de docentes y no docentes. Por su parte, el artículo 6 exige la recomposición de los programas de becas estudiantiles tomando como referencia la inflación.
Los sindicatos universitarios denuncian un fuerte retraso salarial acumulado. Frente a esto, el Ejecutivo ofreció un incremento del 3% que las agrupaciones rechazaron por considerarlo insuficiente. En tanto, las universidades mantienen medidas de fuerza y preparan una masiva Marcha Federal para el próximo 15 de octubre en reclamo de presupuesto.
