La Argentina aplicará un cambio histórico en la justicia juvenil a partir del 5 de septiembre. La Ley 27.801 reduce la edad de responsabilidad penal de los 16 a los 14 años. La nueva norma abarca plenamente a los adolescentes de 14 y 15 años dentro de los procesos penales.
El defensor penal juvenil Carlos Flores explicó el alcance del nuevo régimen. El letrado remarcó que cualquier falta dentro o fuera de las escuelas ingresa al ámbito penal. Romper un vidrio, pelear o amenazar a un compañero constituye un delito investigable. Además, la normativa permite juzgar y aplicar penas a menores desde los 14 años.
Límite de penas y centros de alojamiento en Salta
La ley fija un tope máximo de 15 años de prisión para los delitos más graves. Además, la norma prohíbe la pena de prisión perpetua para los menores de edad. La legislación impide también que los jóvenes compartan celdas con la población penal adulta.
La provincia de Salta dispondrá de tres establecimientos especializados para el alojamiento de menores. El Centro de Detención Número 1 de Castañares funcionará para el encierro estricto. El Instituto Michel Torino de Cerrillos mantendrá un régimen semiabierto. En tanto, el Instituto de Tránsito albergará a las mujeres procesadas.
Escala de sanciones y estadísticas del fuero
La fiscal penal juvenil María Mercedes de la Cuesta detalló la aplicación gradual de las sanciones. El fuero contempla amonestaciones, prohibiciones de acercamiento, tareas comunitarias y monitoreo electrónico. La prisión de hasta 15 años queda reservada únicamente para los hechos graves.
El fuero registra entre 800 y 900 denuncias anuales contra adolescentes en la provincia. Los abusos sexuales representan los delitos más investigados por las fiscalías. Un equipo interdisciplinario evalúa el contexto social de cada joven para definir la medida adecuada.
Debate constitucional y capacidad de la infraestructura
Flores advirtió que la baja de imputabilidad genera controversias por oponerse a tratados internacionales. La norma vulnera el principio de no regresividad en derechos adquiridos. Sin embargo, la ley entra en vigencia de forma ineludible en todo el país.
Por su parte, el secretario de Justicia provincial, Javier Mónico, analizó la capacidad edilicia actual. Las instituciones salteñas alojan a poco más de cien jóvenes infractores. Esa cifra cubre casi la totalidad de la infraestructura disponible en Salta. Ante este escenario, la provincia enfrenta el desafío de adaptar sus espacios sin colapsar el sistema.
