Entre la urgencia de subsistir en la informalidad y el reclamo masivo de conductores acorralados por extorsiones en la vía pública, el debate por los cuidacoches vuelve a encenderse en toda la provincia de Salta. Mientras casi un 80% de los automovilistas salteños afirma haber sufrido amenazas de «trapitos» en las calles y la Justicia endurece sanciones con arrestos y multas de hasta 360 mil pesos, del otro lado aflora la historia de quienes cuidan vehículos con respeto y a la voluntad del vecino para llevar el pan a la mesa. Un complejo contrapunto social que expone la delgada línea entre la necesidad de trabajo y el derecho a circular sin violencia.
La implementación de las medidas de ordenamiento vehicular en la vía pública reflotó el debate sobre los cuidacoches en Salta. Las normativas provinciales buscan frenar los cobros ilegales mediante controles más estrictos. Sin embargo, la necesidad económica en las calles muestra otra cara de la misma realidad.
Luis tiene 55 años y cuida motos en las inmediaciones del Hospital Perón de Tartagal. Su testimonio expone la diferencia entre quienes trabajan con respeto y quienes generan rechazo por comportamientos violentos. El trabajador no exige tarifas fijas y acepta aportes voluntarios que van desde los 100 hasta los 2.000 pesos. Su caso refleja la situación de muchos trabajadores informales que ven en esta labor una salida laboral indispensable.
Cuidacoches e intimidad de los conductores
En Salta Capital, la situación adquiere tintes más conflictivos. Un operativo policial reciente cerca de la Terminal de Ómnibus respondió a denuncias de vecinos sobre extorsiones e intimidaciones. A raíz del procedimiento, un relevamiento digital reveló que el 78% de los participantes sufrió exigencias de dinero o amenazas por parte de cuidacoches no autorizados.
La experiencia de los conductores muestra que el problema va más allá de entregar dinero. La principal preocupación de los ciudadanos radica en la violencia física o verbal cuando dejan sus vehículos en la vía pública.
Cambios normativos y sanciones contra el cobro ilegal
El sistema de estacionamiento medido en la capital provincial funciona de manera digital mediante códigos QR. El Concejo Deliberante fijó las tarifas en 800 pesos para automóviles y 300 pesos para motocicletas. Mientras tanto, en Tartagal la actividad mantiene su regulación bajo ordenanzas municipales específicas.
Para combatir el cobro coactivo, la Legislatura provincial avanzó con modificaciones al Código Contravencional. La reforma de la Ley 7.135 incorporó sanciones severas que contemplan multas de hasta 360.000 pesos o arrestos de hasta 50 días. Asimismo, la provincia creará un registro unificado de permisionarios para que los automovilistas reconozcan al personal autorizado.
