El Gobierno nacional volvió a encender el debate sobre la educación superior al ratificar que las universidades nacionales están habilitadas para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país.
La aclaración llegó a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien aseguró que esa posibilidad está vigente desde la entrada en vigor del DNU 366/2025.
La publicación del funcionario en la red social X generó una fuerte polémica y reavivó la discusión sobre el alcance de la autonomía universitaria y el acceso gratuito a la educación pública para alumnos extranjeros.
Álvarez explicó que recibió numerosas consultas sobre la aplicación de la normativa y sostuvo que los rectores «están legalmente autorizados desde el 28 de mayo de 2025» para establecer aranceles a los estudiantes extranjeros que no sean residentes permanentes. Aclaró, además, que la decisión final corresponde a cada universidad en virtud de su autonomía institucional.
Uno de los puntos centrales es que el Gobierno no impuso un arancel obligatorio, sino que habilitó a las universidades nacionales a decidir si desean implementarlo o no.
Hasta el momento, ninguna universidad nacional anunció formalmente la aplicación de este tipo de cobros, por lo que la gratuidad continúa vigente en la práctica para los estudiantes extranjeros en la mayoría de las casas de estudio.
Sectores universitarios, organizaciones estudiantiles y especialistas cuestionan la iniciativa al considerar que puede afectar el carácter inclusivo del sistema universitario argentino y desincentivar el intercambio académico internacional.
