El Gobierno oficializó el bono de refuerzo de hasta $70.000 para las jubilaciones y pensionados de la ANSES en septiembre después de vetar la reforma jubilatoria que se aprobó en el Congreso, que daba un aumento y ajustaba los montos por inflación y el índice de salarios (RIPTE). La medida se publicó a través del decreto 783/2024 en el Boletín Oficial que lleva la firma del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Según se detalla, serán beneficiarios los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, las que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor, los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Además, se dispone que aquellos que por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes perciban un monto menor o igual al mínimo garantizado también serán alcanzados por el bono. También establece que aquellos que perciban un importe superior, cobrará la diferencia para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono.
De esta manera, la jubilación mínima, que se ubica en $234.540, luego del aumento del 4,03% correspondiente al incremento por IPC de julio, pasará a ser de $304.540. Además, la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM) será de $257.632 y las Pensiones No Contributivas (PNC) quedarán en $234.178.
La reforma jubilatoria que vetó Milei actualizaba el monto mínimo a $285 mil, daba un pago extra del 8% para alcanzar la inflación acumulada y ataba la fórmula al IPC y al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La actualización, que se planteaba de manera semestral, tenía, además, otro aumento único anual en marzo por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la inflación.
EL GOBIERNO OFICIALIZÓ EL VETO TOTAL A LA NUEVA LEY DE JUBILACIONES
El Gobierno publicó este lunes el veto total a la ley de jubilaciones que recompone los haberes y modifica la fórmula para calcular las actualizaciones. La medida fue oficializada tras la reunión que mantuvo la semana pasada el presidente Javier Milei con los bloques aliados en el Congreso, a fin de blindar el veto de un posible bloqueo en ambas Cámaras.
Entre sus puntos centrales, el Decreto 782/2024 sostiene que el proyecto de ley sancionado por amplia mayoría en el Congreso de la Nación «es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».
En ese sentido, cita el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que «toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
Apalancado en su objetivo de déficit cero, el Ejecutivo también instó al Poder Legislativo a «actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional».
También dijo el Gobierno que aplicar esta medida conllevaría un costo fiscal de 21 billones 590 mil millones de pesos en los próximos dos años (6.1 en 2024 y 15.4 en 2025). «Los citados importes equivalen a 1.02% del PBI calculado para el año en curso; y de 1.64% para el año entrante», abundó.
«Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos», alegó el Ejecutivo.
