La Justicia de Irán condenó a muerte a Najmeh Amini, una estudiante de contabilidad de 23 años. La acusación formal señaló el delito de blasfemia por publicaciones en sus redes sociales.
La joven permanece detenida en la prisión de Vakilabad, en la ciudad de Mashhad. Además, Amini enfrenta una pena de más de 12 años de cárcel por otra causa ligada a la seguridad nacional. La sentencia despertó duras críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos.
La Policía Cibernética de Irán detectó las publicaciones en la cuenta de Amini. El tribunal la juzgó por el delito de «sab ol-nabi», una figura que castiga las ofensas contra el profeta Mahoma. Durante el juicio, la defensa sostuvo que la joven escribió los mensajes bajo los efectos de alucinógenos. Sin embargo, el juez rechazó el argumento y mantuvo la pena capital. La resolución judicial aún no está firme y la defensa puede apelar ante el Tribunal Supremo.
En septiembre, la estudiante logró enviar un mensaje de audio desde el penal. En la grabación, la joven pidió la intervención urgente de las Naciones Unidas y de abogados internacionales. Amini expresó su temor ante una inminente ejecución y pidió a la comunidad internacional que difunda su caso. Las manifestaciones públicas por su situación generaron alerta entre activistas defensores de los derechos humanos.
Detención en el marco de las protestas antigubernamentales
Las fuerzas de seguridad arrestaron a la estudiante a principios de febrero de 2026. La detención ocurrió durante las masivas protestas iniciadas por la crisis económica y la devaluación de la moneda. Las movilizaciones sociales derivaron en reclamos directos contra el régimen iraní. La respuesta oficial incluyó miles de detenciones en todo el territorio nacional y juicios bajo el fuero revolucionario.
Alarmante aumento de las ejecuciones en el país
La condena de Amini refleja la creciente aplicación de la pena de muerte en Irán. Organizaciones independientes reportan más de 600 ejecuciones durante el año 2026. Los activistas denuncian que las autoridades utilizan las condenas como una herramienta para infundir miedo en la población. Además, señalan la falta de garantías procesales y la restricción del acceso a abogados durante los interrogatorios.
