El fiscal Mario Villar, pidió ayer que se anule el sobreseimiento de la familia Kirchner en la causa Hotesur, y solicitó que se realice el juicio oral.
Villar expuso ante el juez los fundamentos por los que considera que Cristina, Máximo y Florencia Kirchner deben enfrentar un juicio oral por lavado de dinero en las causas unificadas Hotesur y Los Sauces.
En su planteo sostuvo que «no hay ninguna prueba nueva que habilite analizar la posibilidad de un sobreseimiento» sin la realización del debate, sostuvo que los dos jueces que decidieron anular el juicio oral, buscaron «cerrar la causa» sin «fundamentos» y pidió el apartamiento de Daniel Obligado y Adrián Grunberg.
Villar sostuvo que ”las sentencias arbitrarias enmascaran bajo la apariencia de un acto jurídico una decisión desamparada de legalidad, por ello no son sentencias, no dicen el derecho y los que las dictan no actúan como jueces, sino como voluntades subjetivas apartadas del sistema jurídico que deberían defender”.
El fiscal añadió que “en cada uno de los fundamentos” que expuso la mayoría del TOF “se percibe a simple vista que la única coherencia que poseen es su unidad de dirección hacia cerrar la causa, lo cual incluye el argumento que les permitió llevar adelante los fundamentos de fondo para intentar justificar el sobreseimiento”.
Así, sostuvo que “la solución del sobreseimiento tal como aquí nos es presentada no sólo priva al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia sino que esconde a la sociedad aquello que en un debate oral y público se puede apreciar a plena luz del día, allí se podrá determinar si las imputaciones gravísimas que están en juego en esta causa son verdaderas o no, si pueden probarse más allá de toda duda razonable”.
“La sociedad tiene derecho a tomar conocimiento de cuestiones que son intrínsecas a su rol de ciudadanos, responsables y comprometidos en el marco de un sistema republicano de gobierno. Este es un interés legítimo de la sociedad, que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal deben resguardar como parte de su función institucional”, añadió.
Para el fiscal, omitir el juicio «lesiona la función propia del Ministerio Público Fiscal», que es la de promover «la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad», indicó en el dictamen.
