El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia condenó a la pena de prisión perpetua a una mujer acusada del crimen de su expareja, a pesar de que ella alegaba haber actuado en “legítima defensa” ya que atravesaba una situación de violencia de género, confirmaron fuentes judiciales y adelantaron que el fallo será recurrido ante el Superior Tribunal de la provincia.
El pronunciamiento del Tribunal fue mucho más severo que el requerimiento del fiscal de juicio, Eduardo Urquiza, quien había pedido que la acusada Gina Eliana Cárdenas (25) fuera condenada a 8 años de prisión, el mínimo previsto para el delito de homicidio, al considerar que, si bien no hubo legítima defensa, existieron circunstancias extraordinarias de atenuación debido a la violencia que su expareja, Alejandro Ramón Báez (26), ejercía sobre ella.
Sin embargo, los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla consideraron a Cárdenas “autora material y penalmente responsable del delito homicidio agravado por el vínculo”, la misma figura con que la causa había sido elevada a juicio.
El hecho ocurrió en noviembre de 2021 cuando la joven cursaba un embarazo, y compartía una habitación con Alejandro Báez en Ushuaia, en medio de una discusión se produjo el incidente en el que lo mató a cuchilladas, según ella porque la había amenazado, no la dejaba irse de la vivienda y retenía su dinero.
Es así que, al momento de ser leído el veredicto, en la sala de audiencias de los tribunales de la capital de Tierra del Fuego, provocó la reacción de integrantes de organizaciones sociales y colectivos feministas que siguieron de cerca el juicio y condenaron su definición.
Al mismo tiempo, Cárdenas rompió en llanto y de inmediato fue traslada a una oficina contigua donde se reunió con su defensa técnica y con representantes de las organizaciones que la respaldan.
La mujer, detenida el mismo día del crimen, llegó a juicio en prisión domiciliaria otorgada por el tribunal porque cursaba un embarazo y dio a luz a una niña.
Además, poseía una condena anterior a 5 años de prisión por robo agravado que todavía está cumpliendo.
