En la tarde del viernes, en el marco de la firma de la vinculación de planes sociales con empleo genuino, el gobierno nacional dispuso que el 30% de la obra pública nacional será otorgada mediante los mecanismos habituales de contratación previstos por el Estado, a cooperativas de la economía popular.
Ese monto, de acuerdo al artículo cuarto del decreto, “será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas”. El beneficio era reclamado desde hacía meses por los principales dirigentes populares que son funcionarios en varios ministerios, como el de Desarrollo Social y Trabajo.
Primero intentaron que sea aprobado a través del Congreso en forma de ley, pero al chocar con la voluntad de un buen número de diputados y senadores, se decidió tomar el atajo del decreto.
En cuanto a los procesos licitatorios, detallaron que se dará preferencia a las empresas oferentes que cuenten con un mínimo del 5% de su planta conformada por trabajadores enmarcados en el programa «Puentes de Empleo».
Además, el ejecutivo dio un plazo de 60 días para la designación de los representantes de los diferentes sectores que componen el llamado Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementariocreado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública, en un plazo no mayor a 60 días.
Esa ley tiene por objeto promover y defender, en todo el territorio nacional, los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la Economía Popular, con miras a garantizarles acceso a la vivienda digna, alimentación adecuada, educación, vestimenta, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, entre otros derechos.
