El presidente español denunció espionaje a su celular y al de una funcionaria

El gobierno español presentó una denuncia ante la justicia donde asegura que tanto el teléfono celular del presidente, Pedro Sánchez, como el de su ministra de defensa, Margarita flores, fueron objeto de escuchas ilegales.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional -un tribunal español que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional- , las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021, en el teléfono móvil de Sánchez, y en esta última fecha en el de Robles.

Según explicó,el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la intervención de los teléfonos de Sánchez y Robles tuvo lugar hace aproximadamente un año, y se prolongó durante un par de meses.

Bolaños informó que se desconoce la procedencia de la intrusión, pero aseguró que no está implicada ninguna institución pública española.

“En España, para prevenir o perseguir un delito, se puede solicitar autorización judicial …, pero en este caso, no se ha producido, y por eso calificamos las intervenciones de ilícitas y externas”.

El gobierno español intenta ahora establecer quién (personas, agencias o países) están detrás de esta causa de ciberespionaje, pero se sabe que fue debido al sistema de espionaje de inteligencia conocido como “Pegasus”.

El programa Pegasus es capaz de controlar a distancia los aparatos de teléfono móvil, y robar sin apenas dejar rastro la información almacenada. Del teléfono del presidente español se sustrajeron más de 2,6 gigas.

“Tenemos la absoluta seguridad de que se trata de un ataque externo (…) porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial”, indicó Bolaños.

“En este caso, no se ha producido ninguna de las dos circunstancias”, agregó. “Por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención que es externa”, subrayó el ministro que no precisó si las autoridades españolas manejan algún indicio sobre quién puede estar detrás de esta intervención ni de si piensan en algún país extranjero.

“Cuando hablamos de que es una intrusión externa, lo que queremos decir es que es ajena a los organismos estatales y que no cuenta con autorización judicial”, precisó.

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