El Senado convirtió en ley la prórroga para que no desalojen asentamientos

En la noche de ayer el Senado de la nación aprobó y convirtió en ley el proyecto que impide durante los próximos diez años que se realicen desalojos judiciales de terrenos en los que se hayan levantado asentamientos precarios.

El Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana recibió 64 votos afirmativos y uno negativo.

La normativa obtuvo el respaldo del oficialismo y de la oposición, aunque la única que votó en contra fue la macrista cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista jujeño Guillermo Snopek, defendió el proyecto argumentando que se busca una “ampliación del plazo para darle tranquilidad a los argentinos cuyo futuro pende de una orden de desalojo”.

“De este modo, resguardamos de la incertidumbre a quienes se encuentran en esa situación”, aseguró el representante del Frente de Todos. La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

El proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de barrios populares prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos, promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos y propone ampliar el alcance de la norma sancionada originalmente en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios.

Con esta medida se apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

Además, se incorpora la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano al conjunto de acciones comprendidas dentro de la “integración socio urbana”, definida en el artículo 1 de la ley 27.453.

Asimismo, se establece que los habitantes de los barrios populares que integran el Renabap tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación.

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