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Embargo de $21.800 millones por investigación de desmontes

El Ministerio Público Fiscal de Salta aseguró que mantiene activa la causa por el daño ambiental provocado en la finca ubicada en General Ballivián y defendió las medidas adoptadas para garantizar la restauración del bosque nativo.

El Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó su trabajo en la causa por los desmontes en Finca Cuchuy. Este predio se ubica en el municipio de General Ballivián. El organismo desmintió versiones inexactas sobre el expediente. Las autoridades buscan reparar el daño ambiental causado durante más de diez años.

La causa penal comenzó en la Fiscalía de Tartagal en abril de 2013. Un juez condenó al empresario Juan José Karlen en octubre de 2015.

Un proceso de restauración prolongado

En 2016, la Fiscalía Civil advirtió sobre el riesgo de incendios en la zona. Por eso, solicitó medidas de prevención urgentes ante la Justicia.

Un año después, Juan José y Daniel Darío Karlen firmaron un acuerdo con la Fiscalía. Ellos debían restaurar más de 11.000 hectáreas afectadas. El plan incluía la participación de comunidades indígenas y familias locales.

La Justicia aprobó el acuerdo en diciembre de 2018. Sin embargo, los responsables incumplieron sus compromisos. Varios planteos judiciales retrasaron los trabajos de recuperación.

Debido a estas demoras, las autoridades del Ministerio Público tomaron el control directo de la causa en 2022. Entre 2024 y 2025, el organismo logró fallos favorables para sancionar los incumplimientos.

Aumento millonario en el embargo

La Justicia aumentó el embargo preventivo sobre los bienes de los acusados. La suma pasó de 171 millones a más de 21.800 millones de pesos.

El Gabinete de Delitos Económicos del CIF calculó el nuevo monto. Los peritos estimaron el dinero necesario para financiar la reparación ambiental completa.

La Fiscalía solicitó esta medida para garantizar los fondos de recuperación. De este modo, la provincia asegura la restauración ambiental si los acusados no cumplen.

La jueza del caso respaldó la petición del Ministerio Público. La magistrada afirmó que el daño ambiental afecta a toda la comunidad y a los sectores vulnerables.