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La justicia ordenó la prohibición de salida del país al intendente de Rosario de la Frontera

El juez Mario Dilascio emitió una resolución judicial donde prohíbe al intendente Gustavo Solís y otros 7 imputados a abandonar el país sin autorización por riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa.

La Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera había solicitado la medida para los 8 imputados que tiene la causa que investiga a los funcionarios rosarinos por los delitos de fraude a la administración público, falsificación de un instrumento público en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita, todo en concurso real.

En el oficio además de Solís, se ordena que Matías Iturre, Rubén Cardenas, José Luis Feres, Carolina Solís, Silvia Acosta, Juan Alberto Saldaño y Gustavo Alfredo Villagran tengan prohibido salir sin autorización del país.

De no cumplir con la orden, los implicados caerán en el delito de desobediencia judicial que implica la inmediata detención de los imputados.

La causa investiga a la gestión de Solís por una obra de adoquinados el Barrio Ramón Abdala y fue denunciado por el auditor de general de la provincia, cuando advirtió irregularidades en contrataciones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, durante el período 2017.

El fiscal penal Oscar López Ibarra, requirió elevar a juicio la causa en la que se encuentran imputados desde septiembre del año pasado. López Ibarra los acusa por supuestas maniobras fraudulentas respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que aseguran no haber percibido dinero alguno

A la par, los funcionarios municipales tienen otra causa abierta donde hubo una supuesta emisión de cheques del municipio para una persona registrada como proveedora y que luego fueron endosados y cobrados por un empleado municipal.

Por este hecho se allanó la Municipalidad y se detuvo provisoriamente a Carolina Solís Mónico, hermana del intendente y quien ejerce el cargo de secretaria de Hacienda.

El fiscal Nicolás Rodríguez aclaró que la detención cautelar de la secretaria de Hacienda obedeció a que constataron que estaba entorpeciendo de la investigación, direccionando, mediante mensajes por WhatsApp, a testigos que aún no habían declarado.

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