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Una concesionaria vendió una Hilux por $29 millones con pedido de secuestro desde 2015 en Orán y Gendarmería se la secuestró en la Ruta 34

Entregó su camioneta usada como parte de pago y completó $29 millones en efectivo por una Toyota Hilux 4×4 en una concesionaria de Orán, pero tres meses después un control de Gendarmería en la Ruta 34 se la secuestró porque tenía pedido de captura de la Justicia de Tucumán desde mediados de 2025; ahora la Fiscalía imputó al agenciero por estelionato y documentación adulterada.

La fiscal Mariana Torres imputó al dueño de una concesionaria de Orán, de 47 años, por presunta defraudación por estelionato. La funcionaria actúa de manera interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos y Complejos de Orán. La audiencia de imputación ocurrirá el 26 de noviembre.

Todo empezó cuando un hombre compró una Toyota Hilux 4×4 por $29 millones el 17 de diciembre de 2025. Como parte de pago entregó una Hilux modelo 2007 valuada en $19 millones. Luego pagó $7 millones y canceló los $3 millones que faltaban.

Poco más de tres meses después, el comprador perdió la camioneta durante un control en la Ruta Nacional 34.

El control en la Ruta 34 y el pedido judicial previo

El 29 de marzo de 2026, el comprador circulaba cerca de Aguaray cuando Gendarmería Nacional detuvo el vehículo. Durante el control, los agentes comprobaron que la Hilux tenía un pedido de secuestro vigente desde el 8 de junio de 2025.

La Justicia de Tucumán había dictado esa orden en una causa por estafa. Como la medida existía antes de la venta de diciembre, los efectivos secuestraron el rodado. De este modo, el hombre entregó su vehículo usado, pagó el resto y se quedó sin la camioneta.

Papeles desactualizados y perjuicio económico

La Fiscalía revisó los papeles de la venta y halló fallas en el formulario 08 y en los informes de dominio. Esos documentos no mostraban el estado real de la titularidad del vehículo.

Para armar el caso, la fiscal sumó registros oficiales, partes policiales, testimonios y movimientos bancarios. Con esas pruebas, reconstruyó los pagos y los movimientos entre las partes.

La fiscal sostiene que el comerciante ocultó a propósito el pedido de secuestro y entregó papeles viejos para cerrar el trato. Esa maniobra causó un daño económico al comprador. La imputación encuadra en los artículos 173 inciso 9 y 45 del Código Penal, en carácter de autor.

Este paso abre la investigación formal y no implica una condena. La Justicia determinará la responsabilidad del acusado durante el proceso.