Desde el año 2010, cada 28 de noviembre se celebra el Día Mundial de las Personas sin Hogar, una efeméride que tiene como finalidad sensibilizar y concienciar a la población acerca de las personas que no tienen un hogar para vivir o que habitan en viviendas en condiciones infrahumanas e insalubres en varias partes del mundo y la discriminación que sufren por su condición.
Este fenómeno social es conocido como sinhogarismo, relacionado con las personas que carecen de una vivienda para residir, viéndose en la obligación de vivir a la intemperie o en albergues debido a una ruptura de sus lazos familiares y sociales, así como por no poseer un empleo con ingresos fijos o estables.
De acuerdo a estadísticas del año 2018 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se estima que actualmente unas 900 millones de personas viven en asentamientos informales o campamentos, sin incluir a las personas que viven en las calles. Es un problema grave que merece una atención prioritaria.
Con la celebración de este Día Mundial se pretende generar propuestas para ayudar a aquellas personas que se han quedado sin hogar por razones diversas: factores estructurales e institucionales, situación económica, familiar o social, desastres naturales, condición de desplazados o refugiados, entre otras causas.
Las personas sin hogar tienden a ser excluidas y marginadas socialmente, y esta situación se ha visto afectada ante los efectos de la pandemia por COVID-19, sin contar con ningún tipo de protección, asistencia ni acceso a los servicios básicos, debido a que deambulan y duermen en las calles o en lugares públicos.
Se estima que la esperanza de vida de las personas sin hogar se encuentra entre los 42-52 años de edad, lo que representa unos 30 años menos que la población general.
El hecho de no tener un hogar afecta las relaciones sociales y genera un impacto en la salud física y mental de las personas afectadas, lo que implica la adopción de conductas adictivas, desestructuración del grupo familiar, desnutrición, hipotermia, depresión y paranoias.
Se requiere la aplicación de políticas públicas integrales de protección y restitución de hogares a las personas afectadas, así como garantizar sus derechos humanos fundamentales de acceso a una vivienda adecuada y a la salud, así como generar fuentes de trabajo para su sustento. Es necesario efectuar ajustes en la normativa legal para disminuir los desahucios y desalojos sin alojamiento alternativo.
